Organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos interpusieron este jueves una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por la filtración no autorizada de datos personales sensibles de personas que viven con VIH, atribuida a la Coordinación Municipal de COMUSIDA en Puerto Vallarta.
Según documentaron los colectivos Círculo Rojo, PrEP Vallarta, IncluY, MOVii, Vallarta Trans, Vallarta Gay Plus Centro Comunitario y Conexión Vallarta LGBT, el 29 de julio una persona usuaria de los servicios de COMUSIDA fue contactada por una estudiante universitaria, quien reconoció haber obtenido sus datos directamente de dicha dependencia, con el fin de aplicar una encuesta sobre VIH. La persona afectada jamás dio su consentimiento para compartir su información.
Los hechos fueron confirmados por la propia titular de COMUSIDA, Leticia Enedina López Moreno, quien —según consta en una grabación telefónica— admitió haber compartido datos personales bajo el supuesto de un convenio con una universidad privada. Este reconocimiento ha encendido las alarmas de activistas y especialistas, al tratarse de una violación grave a los derechos de privacidad, confidencialidad médica y protección de datos personales.
Peor aún, denunciaron que la funcionaria minimizó la gravedad del caso, desacreditó a las personas que manifestaron su preocupación y habría eliminado mensajes comprometedores, lo que podría constituir obstrucción en el esclarecimiento de los hechos.
La queja fue presentada formalmente ante la oficina regional de la CEDHJ en Puerto Vallarta, donde las organizaciones señalaron la violación de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la intimidad, el resguardo de datos personales y la confidencialidad médica. Todos estos están protegidos por la Constitución Mexicana y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Los colectivos exigieron que la CEDHJ realice una investigación exhaustiva, recabe pruebas, testimonios y documentos, y emita una Recomendación que establezca las responsabilidades institucionales, así como medidas de reparación integral y garantías de no repetición.
“No se puede permitir que una institución pública vulnere la confianza de las personas que viven con VIH. Este caso sienta un precedente sobre la protección de datos sensibles en los servicios de salud pública municipal”, expresaron las organizaciones firmantes.
Además, un escrito fue entregado en la ciudad de Guadalajara al Consejo Estatal para la Prevención del VIH/Sida en Jalisco (COESIDA), solicitando la apertura de una investigación administrativa, la determinación de responsabilidades y el reforzamiento de protocolos de confidencialidad y consentimiento informado en todos los servicios municipales relacionados con la atención del VIH.
El caso ha encendido alertas sobre el manejo institucional de datos altamente sensibles en contextos de salud pública, en una ciudad que ha sido referente de servicios para personas LGBT+ y personas que viven con VIH.