Por: Alan Yamil Hinojosa
En la pequeña comunidad de El Nogalito de cerca de 400 habitantes en Puerto Vallarta, se libra una lucha por un terreno que, según documentos en poder de vecinos, fue donado por el ejido Puerto Vallarta al Ayuntamiento entre 2007 y 2009 con el objetivo de establecer un dispensario médico. Sin embargo, tras años de abandono, la comunidad busca transformar el espacio en un lugar de esparcimiento comunitario, un parque con acceso al río que por tradición ya lo es. El intento se topó con la inesperada oposición de un particular que afirma ser propietario del predio.
Jesús Enrique Rosales Amador, conocido en la zona como «El Mojino» y actual presidente de la mesa directiva local, ha sido portavoz del esfuerzo comunitario. “Tenemos los papeles de la donación al ayuntamiento, firmados y sellados. El terreno fue entregado cuando estaba Javier Bravo como presidente municipal”, afirma. En su momento, la idea de un dispensario fue descartada por razones técnicas: Protección Civil dictaminó que, al estar junto al río, no se permitía la construcción, y la escasa población no justificaba el servicio.
Años después, ante el abandono del predio y la falta de espacios públicos en la comunidad, los vecinos decidieron solicitar su transformación en una parque . “Nos juntamos y el 80% del pueblo está de acuerdo. Queremos algo sencillo, sin construcción, sin kiosco. Sólo un lugar limpio, familiar, al aire libre, con tambos de basura y algunos bancos”, explica Rosales.
Pero la iniciativa fue interrumpida por la aparición de Jorge Santana, quien asegura a los vecinos tener un documento emitido por CONAGUA que lo acredita como dueño del predio. “Él muestra un papel en su celular, pero se niega a enseñarlo físicamente fuera de su casa”, dice el líder comunitario. “Nosotros tenemos el número de cédula pre-catastral del predio, topografías, colindancias y planos del proyecto original. Todo está respaldado”.
El conflicto se intensificó el pasado 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, cuando la comunidad intentó realizar una celebración en el predio. La policía y personal de reglamentos municipales acudieron, alegando órdenes superiores. A pesar del enojo de los vecinos, el evento se realizó pacíficamente hasta la madrugada. “Tenemos un reglamento comunitario que permite eventos con música hasta la 1 de la mañana. No hay violencia ni desorden. Solo queremos un lugar para convivir dignamente”, comenta Rosales.
Los pobladores señalan que la aparente propiedad privada surgió de manera poco clara. La casa que Santana habita frente al terreno, aseguran, fue construida recientemente y no estaba antes en la zona. Además, la colocación de una malla perimetral en el predio fue rechazada por la comunidad, que la derribó al considerarla ilegítima. “Esa malla fue puesta a las 6:30 de la mañana un domingo. A las 9 ya estaba todo el pueblo quitándola”, relatan.
El caso recuerda otros conflictos similares en la región, como el uso del centro de salud en La Boca, presuntamente tomado por la autoridad municipal para fines distintos a los originales. “Lo que queremos es transparencia. Que se muestre la documentación, que se respete la voluntad del pueblo y que no se repita la historia de siempre: el poder e influencia de unos pocos sobre los derechos de todos”, concluye Rosales.
El llamado de la comunidad de El Nogalito es claro: no buscan confrontación, sino recuperar un espacio que, según su historia y papeles, les pertenece. Confían en que el nuevo gobierno municipal, ahora en manos del Partido Verde Ecologista, honre el compromiso ambiental y social que su nombre promete.
