Para incrementar las penas de cárcel y homologar el Código Penal estatal con la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la diputada Claudia Murguía Torres presentó una iniciativa de reforma que plantea armonizar la legislación estatal con la disposición federal que contempla sanciones más severas.
La coordinadora de la fracción panista argumentó que prevenir, combatir y sancionar el delito de trata es un reto para el Estado que presenta focos rojos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala. Detalló que tiene registro de que, desde 2019 y en lo que va de 2022, hubo 195 denuncias por presuntos casos de trata, en su mayoría relacionadas con hechos de prostitución y explotación sexual.
“Somos conscientes que una sola reforma de ley no es suficiente, hay que implementar políticas públicas de prevención y de erradicación, en la parte que juzga, en el Poder Judicial, hacer valer las leyes”, dijo.
En el proyecto de reforma se plantea que el delito de corrupción de menores, que actualmente tiene pena de tres a 10 años de prisión aplicando lo establecido en la Ley General, alcance sanción de 10 a 15 años más, y si hay elementos constitutivos de trata se remita al Ministerio Público Federal y podría llegar hasta 40 años.
La sanción por lenocinio es de cinco a nueve años y se propone que se eleve de 10 a 15 años y que se investigue con los elementos de la Ley General.
En el caso de la prostitución infantil la sanción actual va de cuatro a siete años de prisión, la propuesta es elevarla de 10 a 15 años y si hay elementos de trata podría llegar al máximo de 40 años. Respecto a la gestión de adopción ilegal tiene sanción de dos a seis años de cárcel, pero si se aplica lo referido en la Ley General de trata llegaría de 20 a 40 años.
La iniciativa se presentará en la próxima sesión del pleno del Congreso y será remitida a comisiones para su análisis.