El 17 de febrero de 2018 fue encontrado el cuerpo de Daniela Vargas sin vida en la delegación Las Juntas en Puerto Vallarta, Jalisco. Han transcurrido más de cuatro años y recién este próximo 4 julio se realizará un juicio para determinar la responsabilidad de los imputados por su feminicidio. El proceso judicial no ha sido llevado bajo perspectiva de género, sobre todo, no se ha brindado información puntual a la familia de Daniela sobre los avances de la carpeta de investigación.

La Fiscalía de Jalisco y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado aún no deciden si éste se resolverá en Puerto Vallarta o en Guadalajara, pues a decir del titular de la Fiscalía regional no hay riesgos ni diferencia entre un lugar y otro. Sin embargo, tanto la familia, como las colectivas que han acompañado el caso advierten que movilizarlo hasta la capital del estado comprometería la participación de las y los testigos que son clave para conseguir una sentencia condenatoria que podría ir de los 40 a 70 años por el delito de feminicidio.

Las organizaciones feministas en la región han registrado hasta 64 feminicidios cometidos de 2015 a la fecha, mientras que, la Fiscalía de Jalisco únicamente ha contabilizado 15 delitos bajo esta tipificación, de los que solamente han obtenido cuatro sentencias.

Este viernes 3 de junio la familia, amigas y amigos de Daniela Vargas junto a defensoras de los derechos de las mujeres marcharon sobre el boulevard Francisco Medina Ascencio, avenida principal de Puerto Vallarta, Jalisco para exigir #JusticiaParaDani y #JusticiaParatodas.

Se trató de una marcha-caravana convocada por la familia de Daniela, a la que acudieron decenas de personas y automóviles para expresar su inconformidad ante la demora en los procesos de justicia y sanción a los responsables del feminicidio de la joven:

“No fue crimen pasional, fue un macho patriarcal. Fue el esposo, fue el patrón, fue el Estado asesino y opresor. En Vallarta ni una menos, en Vallarta vivas nos queremos” replicaron con rabia e indignación las asistentes.

Daniela Vargas Ledezma fue desaparecida el 5 de febrero de 2018 en la delegación Las Juntas en Puerto Vallarta, zona limítrofe con el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit donde ella residía. Tras una búsqueda incansable por parte de su mamá y familiares, fue encontrada sin vida -producto de una muerte violenta- 12 días después, el 17 de febrero de 2018.

A cuatro años de la desaparición y feminicidio de Daniela, no ha habido justicia, pues además de la existente impunidad, demora e ineficiencia dentro de los procesos judiciales, las autoridades no han puesto al centro a su familia, aseguró su mamá, Silvia Ledezma:

“Son mil 580 días aproximadamente sin que mi nena tenga a su madre, estamos exigiendo justicia, una sentencia, que Fiscalía se ponga a trabajar, que haga su respectivo trabajo, por eso es que estamos aquí, porque al parecer nosotros no tenemos, yo no tengo conocimiento de la continuación de qué sigue después de esto, a mí no me han informado sobre nada”.

Las y los asistentes acudieron al llamado que hizo su madre Silvia Ledezma para acompañarla en la demanda de justicia y actuar urgente por parte de la autoridad judicial. Lo hicieron vestidas con prendas de colores blanco, morado y negro, así como con flores y carteles para manifestar su apoyo. Quienes se dieron cita desde sus automóviles, utilizaron estos mismos como espacios para plasmar sus exigencias.

La madre de Daniela recibió con aprecio las palabras de aliento y los abrazos de quienes se incorporaron a la manifestación. Aunque, para ella no ha sido fácil mostrarse ante la sociedad, los medios y las autoridades incluso, para hablar y comunicar sus inquietudes, menciona que lo ha hecho desde la resistencia y la rabia para que el feminicidio de su hija no quede impune.

Esta no es la primera vez que ha tomado las calles de Puerto Vallarta. La primera marcha que convocó fue el 11 de febrero de 2018 para exigir la localización con vida de su hija, posteriormente, llamó a una segunda movilización el 7 de abril del mismo año para urgir que la investigación por el feminicidio de Daniela se llevara bajo perspectiva de género.

Ahora, en esta tercera marcha parecer que poco han avanzado las autoridades encargadas de determinar la responsabilidad de los imputados por el feminicidio. Por ello, su familia sigue demandando que tanto los juicios como las investigaciones se realicen desde una perspectiva de género y, por supuesto, para que “no se revictimice más a Daniela”.

La movilización culminó en las instalaciones de la Fiscalía regional de Puerto Vallarta y en el Centro de Justicia para las Mujeres. Al llegar hasta este punto se reunieron todas y todos los asistentes, colocaron las lonas con el rostro de Daniela, diferentes velas, así como las flores que cargaron durante los 3.8 kilómetros de recorrido. Allí, Silvia Ledezma gritó con coraje: “Fiscalía ponte a trabajar porque no has hecho nada”.

Ningún funcionario salió a atenderles.

La manifestación también fue encabezada por el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​ (CLADEM), el Colectivo Mujeres de Puerto Vallarta y el Colectivo Familias Unidas Contra los Feminicidios, donde las mujeres que lo integran resisten la violencia machista al lado de las familias que han sufrido el feminicidio de alguna ser querida.

Precisamente estas organizaciones feministas son las que llevan un registro puntual sobre las agresiones que se perpetran en este municipio en razón de género y, por supuesto, de los feminicidios. El caso de Daniela Vargas Ledezma no es el único en Puerto Vallarta. Según los datos de las activistas, en la región de 2015 a la fecha se han cometido 64 feminicidios, mientras, la propia Fiscalía de Jalisco solamente ha tipificado 15 de estos bajo este móvil, lo que deja un vacío de 49 asesinatos violentos de mujeres. Además, únicamente 4 de los feminicidas han recibido una sentencia en estos siete años.

“Espero que el feminicidio de mi hija no sea una estadística más. El proceso ha sido lento, sistemático y muy desgastante”, expresó Silvia Ledezma.

Más de cuatro años en espera de un juicio

Daniela Vargas Ledezma tenía 24 años, estudiaba una licenciatura en Psicología y recientemente se había convertido en madre, cuando su pareja la asesinó. Son David Israel “N”, Diego Missael “N” y Noé de Jesús “N” los presuntos responsables, ya que el 29 de julio de 2018 el Juez Juan Antonio Reynoso Nava les dictó auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio y hasta ahora permanecen detenidos en la Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte de la Delegación Ixtapa de Puerto Vallarta.

Desde la detención preventiva que dictó el juez, la defensa legal de los imputados ha interpuesto una serie de recursos para evitar que se llegue el juicio. Aunado a ello, ahora que ya hay fecha para el mismo, el próximo 4 de julio, según informó el abogado Antonio Torres, quien lleva el caso de Daniela, los sujetos solicitaron que éste se realice en Guadalajara.

Ante esta situación, la familia de Daniela le pidió al mismo Consejo de la Judicatura que no sea así, que el juicio se lleve a cabo en Puerto Vallarta. Lo anterior porque según afirmó Emma Noriega, integrante del Colectivo Mujeres de Puerto Vallarta, esto complejiza la situación, ya que tendrán más de 200 datos por analizar y pese a que hay fecha de inicio, no hay estimación de cuándo concluya.

De tal forma que, si se llevará a cabo el juicio por el feminicidio de Daniela en Guadalajara, se estaría entorpeciendo el proceso de acceso a la justicia para la víctima y sus familiares. Por ejemplo, los testigos del crimen no podrían movilizarse fácilmente a la ciudad de Guadalajara, ello significaría a su vez menores posibilidades de obtener una sentencia condenatoria:

“Es más fácil que los testigos y las testigos se presenten, porque pueden prescindir, pedir permisos laborales, por ejemplo, este juicio va a iniciar el 4 de julio, pero no sabemos cuánto se lleve, porque no son horas, son días” explicó Emma Noriega.

Además, este sería el primer juicio oral por feminicidio en Puerto Vallarta desde que se instauró en Jalisco el nuevo modelo del Sistema de Justicia Penal en 2016. La activista feminista especificó que, de las 4 sentencias que la Fiscalía del Estado tiene registradas bajo esta tipificación en este municipio, todas se desarrollaron bajo juicios abreviados, lo que explicó, implica menor trabajo y esfuerzo para esta dependencia.

“Los juicios abreviados realmente le quitan mucho peso de trabajo a la Fiscalía del Estado, entonces en este juicio oral lo que realmente van a hacer es volver a presentar todo el montón de pruebas que ya habían sido aceptadas, y realmente demostrar que investigaron, que saben argumentar, pero todo eso es trabajo de la Fiscalía”, puntualizó Emma Noriega.

Sin embargo, pese a este contexto el titular de la Fiscalía de Jalisco, Luís Joaquín Méndez Ruíz declaró que el traslado a Guadalajara no generaría riesgo:

“Estamos preparados para el desahogo de los medios de prueba y no se arriesga el hecho que se puedan desahogar en Guadalajara o Vallarta. Estamos desahogando cuestiones logísticas con el presidente del tribunal y vamos a tomar la mejor decisión ya sea que se lleve aquí o allá”.

Pero la madre de Daniela, Silvia Ledezma ya no confía en las autoridades, pues el acceso a la justicia ha implicado para ella “estar prácticamente viviendo en Fiscalía, y ahora que viene nuevamente el juicio tengo que estar constantemente ahí, para hacer presión y que trabajen, para poder llegar a una condena”.

Silvia ha resistido las inclemencias que la Fiscalía del Estado somete a las madres, hermanas, sobrinas y más que buscan justicia por los feminicidios de sus seres queridas. En su caso, le llaman para decirle ‘sí, estamos trabajando’, pero en ningún momento le han dado detalles sobre la investigación en el caso de su hija.

“Yo exijo justicia y mi petición es que Fiscalía haga su trabajo, si a mí Fiscalía me diera la paz y la tranquilidad de que realmente están trabajando, yo no tendría que hacer estos movimientos”.

Son múltiples las exigencias que ella, su familia y las defensoras de los derechos de las mujeres hacen a las diferentes autoridades competentes, tanto a la Fiscalía de Jalisco como al Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En primera instancia que tanto las investigaciones como los juicios se lleven bajo perspectiva de género y de derechos humanos.

Esto debido a que, en el juicio llevado a cabo en 2018, según comentó la defensora Emma Noriega, uno de los imputados mencionó durante la audiencia que Daniela “era caprichosa y berrinchuda” afirmación que la revictimizó como víctima directa:

“Ella no está aquí para desdecir el dicho del imputado, entonces esas cuestiones son las que estamos pidiendo. Que se respeten los derechos de las víctimas indirectas, pero sobre todo el derecho todavía de la víctima directa, de la memoria, de la justicia y la verdad que merecen”, acción que afirmó el juez encargado del caso, Juan Antonio Nava y quien le pidió al imputado que por favor se abstuviera de estas afirmaciones.

Así que entre las exigencias por parte de la familia de Daniela está claramente que la próxima audiencia se realice en Puerto Vallarta y sea mediante un juicio oral, donde se garantice la participación de todas y todos los testigos, así como que esté presente personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Con todo lo anterior la defensa legal de Daniela Vargas Ledezma esperaría conseguir una sentencia de los 40 hasta los 70 años para los imputados por el feminicidio para que Dani no se convierta en una cifra más de impunidad en el país.

De acuerdo con el reporte reporte Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México de 2020, se identificó un 86.7% impunidad en estos crímenes, donde solamente hubo 8 sentencias de los 60 feminicidios cometidos durante 2019.