Por: Javier Orozco Alvarado, Investigador de El Colegio de Jalisco, A.C.

La herencia que dejaron los nueve años de reinado de MC (Movimiento Ciudadano) en Puerto Vallarta son la peor herencia que un gobierno puede dejar a sus ciudadanos. Calles maltrechas, endeudamiento público, venta de terrenos municipales, anarquía y autorización de edificaciones sin ton ni son en todo el municipio, invasión de restauranteros de playas públicas en Olas Altas y Los Muertos, apropiación de banquetas y hasta cajones de estacionamiento en la zona restaurantera de la Marina Vallarta, etc.


En nueve años ni una sola obra significativa para mejorar la infraestructura, el equipamiento o la imagen de la ciudad. Por el contrario, tuberías de aguas negras rotas, proliferación de tierra, lodo, baches por todo el centro histórico, la zona romántica y las colonias populares; es incontable el desorden que dejó la administración que recién acaba de concluir.


Asumir y recibir un gobierno y una administración tan maltrechos es un reto que no tendrá solución con el sólo hecho de responsabilizar a los que se fueron; sino el buscar soluciones inmediatas para atender las necesidades de la población y los turistas que nos visitan. Es revisar la reglamentación y poner orden de inmediato, pues ni los turistas ni la gente local pueden acceder a las playas públicas porque están invadidas por los negocios, lo que obliga a la gente, pobres o ricos, a consumir o quedarse al borde del oleaje.


Por eso es responsabilidad del nuevo gobierno municipal de Morena ser estrictos en la reglamentación; la Dirección de Reglamentos está obligada a poner orden de inmediato o hará notar que sin o con 4T la corrupción seguirá imperando.


Por principio de cuentas, el nuevo gobierno de Morena está obligado también a exigir a los dueños de propiedades costeras el acceso del público a las playas; puesto que desde 2017 Congreso de Jalisco aprobó un decreto en el que se establece que toda persona tiene derecho a acceder y disfrutar de las playas.


Tal decreto, que reforma los artículos 125 y126 del Código Penal del Estado de Jalisco establece que los desarrolladores inmobiliarios “pueden disfrutar de su infraestructura en su propiedad, pero no van a poder obstaculizar el acceso a las playas de Jalisco, nadie puede poner muros, mallas, retenes; es obligación de la autoridad municipal y estatal garantizar los accesos a playa». Aunque pudo más la corrupción.


Con la llegada de Morena al gobierno de la república, en 2020 se establecieron diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas, mediante el Decreto DOF: 10/21/2020; con lo que quedan plenamente garantizados nuestros derechos para acceder a las playas de Puerto Vallarta y en cualquier otra parte del país independientemente de que los accesos estén restringidos por los propietarios de los bienes inmuebles que limitan con nuestros litorales.


Por esa razón, porque estamos en nuestro derecho de acceder a las playas, me permito transcribir íntegramente el articulado de dicho decreto para exigir a las autoridades municipales de Puerto Vallarta se respete y haga respetar este decreto.


ARTÍCULO 8.- El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado en los casos que establezca el reglamento.


ARTÍCULO 127.- En caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para tal efecto convenga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados servidumbre, en términos de la fracción VIII del Artículo 143 de esta Ley.


ARTÍCULO 154.- Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o a los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto al aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban,restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas.


Octubre 18 de 2021

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