El pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta fue escenario de fuertes controversias el día de hoy, especialmente en torno a las inconsistencias detectadas en Seapal.
Estas irregularidades, relacionadas con los proveedores de servicios de pipa, no pasaron desapercibidas para los regidores, quienes manifestaron su descontento y dudas de manera enérgica. Entre los más vocales se encontraban Paco Sánchez y Griselda González, quienes, en el calor del debate, llegaron a confrontaciones verbales acaloradas.
Otro punto álgido fue el notable incremento en las tablas catastrales de Seapal. A pesar del debate generado, la propuesta no fue aprobada.
Paralelamente, la propuesta de la Ley de Ingresos generó extensas deliberaciones. Al final, la decisión fue no aprobarla. En su lugar, se enviará la misma que se utilizó para el ejercicio fiscal de 2023, dejando en manos del Congreso cualquier modificación que consideren pertinente.
La regidora Lupita Guerrero tuvo éxito con su iniciativa, ya que se aprobó la Ley 3D3 sin mayores contratiempos. Esta ley promete ser un avance importante en lo que respecta a regular los requisitos para ingresar a laborar como servidor público del municipio, mediante la presentación del criterio denominado «3 de 3 contra la violencia» y brindar mayores garantías para erradicar cualquier tipo de violencia.
En cuanto a la movilidad urbana, la regidora María Elena Curiel presentó la iniciativa de completar la ciclovia en la Avenida México. Aunque no se tomó una decisión final al respecto, la propuesta se ha remitido a comisiones para su análisis detallado.
Carla Esparza, por su parte, presentó una propuesta que busca clarificar la situación de los 72 asistentes dados de alta en la sala de regidores. Dada la cantidad de personal, la regidora busca identificar las funciones y posiciones de cada uno.
La protección animal también tuvo un espacio en la sesión. Se aprobó una iniciativa que busca responsabilizar, tanto administrativa como jurídicamente, al responsable de la decisión de sacrificar a varios perros en el Centro de Bienestar Animal.
Con respecto al síndico Juan Carlos Hernández Salazar, se determinó concederle licencia del 30 de agosto al 29 de septiembre. Durante su ausencia, un encargado del área asumirá sus responsabilidades.
Finalmente, la propuesta de crédito de 130 millones de pesos, que contaba con el respaldo del alcalde y fue presentada por el regidor Pablo Ruperto Gómez, no logró ser aprobada.