La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha admitido una queja contra Judith Urióstegui Figueroa, actual Coordinadora General de la Secretaría General del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por presuntos actos de discriminación, discurso de odio y violación al principio de laicidad del Estado.
La funcionaria municipal, quien además se ostenta públicamente como ministra de culto y lideresa del grupo evangélico “Justicia y Amor”, ha sido señalada por utilizar su investidura pública y su rol religioso para promover discursos con contenido confesional y político, así como expresiones estigmatizantes hacia la diversidad sexual.
Entre los mensajes difundidos en redes sociales y eventos públicos se encuentran frases como: “Estamos viviendo una dictadura transexual”, “la disforia de género es una enfermedad mental”, “hay que detener el izamiento de banderas LGBT”, así como llamados a votar por “candidatos con valores cristianos” y publicaciones que vinculan la identidad de género con trastornos o desviaciones.
La queja fue radicada bajo el expediente 1468/2025/III, y su admisión fue notificada oficialmente mediante acuerdo dictado el 2 de julio por la Tercera Visitaduría General de la CEDHJ. En cumplimiento de la ley, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, ha sido notificado formalmente y se ha requerido la presentación de informes tanto de la servidora pública señalada como de las autoridades municipales involucradas.
La Comisión ha ordenado la apertura de una investigación y el análisis de las pruebas aportadas, que incluyen publicaciones en redes sociales, registros de actividades religiosas en horario laboral y actos de proselitismo. De confirmarse los hechos, la servidora pública podría ser objeto de una recomendación por violaciones a derechos humanos y eventualmente enfrentar sanciones administrativas.
Este caso abre un precedente relevante sobre la interferencia de creencias religiosas en el ejercicio del poder público, así como sobre la responsabilidad reforzada de las y los funcionarios de alto nivel para preservar el principio de laicidad y garantizar un entorno libre de discriminación para toda la ciudadanía.