Por Alan Yamil Hinojosa
Hubo un tiempo en el que el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta era una extensión del Festival Internacional de Cine en Guadalajara de una forma digna. Desde sus inicios hace 25 años, el propósito fue claro: descentralizar la cultura y acercar el cine de calidad a las regiones. Sin embargo, a lo largo de estas dos décadas y media —y en paralelo con los más de 40 años del Festival en Guadalajara— lo que nació como una propuesta cultural universitaria ha sido cada vez más rehén de disputas políticas internas.
El Festival de Cine en Puerto Vallarta ha sido uno de los dos proyectos cinematográficos insignia de la Universidad de Guadalajara, tanto en el ámbito técnico como en el político. Se convirtió en uno de los programas estelares del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), con implicaciones tanto académicas como comunitarias. No obstante, con el paso del tiempo, su función cultural fue siendo desplazada por intereses personales y de grupo al interior de la universidad.
Desde 2015, el Festival en Puerto Vallarta ha entrado en una etapa de indefinición. Lo que alguna vez fue un evento esperado por la comunidad, hoy sobrevive de manera casi simbólica. Las decisiones de las figuras que dominan el Festival desde Guadalajara —algunas con fuerte carga política y poder de influencia— han reducido el evento a un puñado de funciones. Este año, apenas se registraron 1,500 espectadores en cuatro días, con apenas siete películas proyectadas. Para colmo, ni siquiera la directora del festival Estrella Araiza sabe cuál será el país invitado para la siguiente edición, una información que tradicionalmente se anunciaba con bombo y platillo en la clausura.
Haciendo memoria, cuando el Dr. marco Antonio Cortés Guardado asumió por primera vez la rectoría del CUCosta (tras haber sido rector general de la UdeG), el Festival de Cine fue uno de los principales beneficiados. Durante sus dos administraciones, el festival tuvo presupuestos generosos, aunque también numerosas irregularidades: desde sobrecostos hasta posibles negocios personales que involucraron tanto a actores universitarios como del sector empresarial local. No fue gratuito: los beneficios también sirvieron para alimentar la red de intereses de un grupo político muy definido dentro de la Universidad.
Con el cambio de administración en el CUCosta, y la llegada del Dr. Jorge Téllez López a la rectoría, se intensificó una lucha política interna. Dos grupos antagónicos —uno encabezado por el exrector, sus hermanos, hijos, y yernos todos incrustados en nóminas o beneficiados por la universidad, en lo que parece un claro caso de nepotismo— iniciaron una confrontación. El grupo desplazado, al no lograr retener el control de la rectoría, comenzó a operar de manera opositora en todas las áreas del campus.
Esta lucha interna ha tenido repercusiones reales: lo que antes fue un festival con proyección, hoy se sostiene con lo poco que se puede, en medio de boicots, omisiones e indiferencia institucional. A tal grado llegó la situación que, este año, la rectora del CUCosta, María Esther Avelar Álvarez quien recién tomo el cargo tuvo que intervenir apenas cuatro días antes del inicio del festival para que se enviara una cartelera completa a Puerto Vallarta.
La situación es insostenible. El Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta ha sido desmantelado y usado como moneda de cambio en disputas mezquinas. Es tiempo de que la cultura y el arte dejen de ser botín político. Esperamos que con la llegada de nuevas autoridades en la red universitaria y a la cabeza del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, exista una verdadera capacidad de negociación para que los recursos y esfuerzos vuelvan a beneficiar al Centro Universitario de la Costa y, por ende, a la comunidad vallartense. No a intereses particulares de grupos enquistados en la estructura de la Universidad de Guadalajara que cuando no son sus intereses, simplemente los desaira.
Puerto Vallarta no está para caprichos y merece más.
