Un juez de Control y Oralidad de Puerto Vallarta vinculó a proceso, a Gustavo “N” y Renato “N”, dos elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.
Por solicitud de su defensa, en la misma audiencia se discutió la solicitud de suspensión condicional de proceso, beneficio que fue concedido por el juzgador pues se llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima.
En audiencia inicial que comenzó a las 13:00 horas del jueves 26 de mayo, el Juez de Control y Oralidad de Puerto Vallarta, Ignacio Ceja Arias, resolvió vincular a proceso a los dos policías municipales por considerar que incurrieron en: abuso de autoridad por ejecutar, autorizar o permitir actos atentatorios a los derechos garantizados por las constituciones políticas de México y de Jalisco; así como en delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público al “procurar la impunidad de los delitos o faltas de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, abstenerse de hacer denuncia de ellos o entorpecer su investigación”.
Los hechos por los que fueron vinculados sucedieron el 5 de febrero pasado, cuando la víctima, una mujer, se encontraba en el panteón de la localidad de Ixtapa, Puerto Vallarta, donde fue golpeada por un hombre, tras tener diferencias por la exhumación de un cadáver, por lo cual, llamó a los números de emergencia para solicitar ayuda.
Al arribar, los uniformados detuvieron al agresor y la víctima acudió a la Delegación de la Fiscalía Estatal para levantar la denuncia correspondiente. Al llegar, descubrió que su agresor nunca fue remitido a las autoridades correspondientes, por lo cual decidió levantar una denuncia en Fiscalía Estatal en contra de los policías, la cual fue turnada para su investigación a Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta.
La agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción llevó ayer el caso ante el juez quien resolvió la vinculación, y al mismo tiempo la defensa de los elementos de seguridad presentó el acuerdo de reparación del daño que alcanzó con la víctima, solicitando la suspensión condicional del proceso.
Al respecto, el Juez de Control y Oralidad consideró que era viable que los vinculados accedieran a este beneficio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y les impuso las siguientes condiciones que deberán cumplir durante los próximos 6 meses: Deberán residir en el lugar determinado previamente; frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; tomar un curso de capacitación en materia de derechos humanos, y sujetarse a vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares.
Asimismo, estableció un plan de reparación del daño que consiste en el pago de $12,000 pesos, aportados entre ambos elementos a la víctima con plazo de un mes para finiquitar dicha cantidad.